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Hay una inquietud generalizada en la población japonesa sobre la jubilación a mediano plazo, pues el actual sistema, en revisión y bajo debate parlamentario junto al aumento del IVA (en Japón, llamado impuesto al consumo "shohizei”), ya no es sostenible por cuanto consume buena parte de las arcas del Estado.

En la posguerra, Japón diseñó un sistema de seguridad social en donde los activos aportan para los que se van jubilando (pasivos), un mecanismo solidario basado en la premisa de que la población y la economía crece sostenida y casi "eternamente”; sin embargo, desde hace dos décadas, justo cuando comenzaban a llegar las familias latinas al Japón para cubrir la mano de obra faltante del sector manufacturero exportador, ya se alertaba de la baja en la tasa de fecundidad, el aumento de la expectativa de vida y por consiguiente un incremento en los gastos médicos de los mayores. El Estado de Bienestar de Japón basado en el modelo de "aportar para los que se jubilan y que los que vienen detrás nuestro aporten por nosotros” está casi quebrado. Esto ha provocado que muchos jóvenes sin un trabajo muy estable o son semi autónomos no aporten siquiera a la jubilación nacional (kokumin nenkin), cuya evasión supera el 40% de esa población (si incluimos a toda la capa de asalariados y los casi tres millones de empleados públicos la evasión rondaría el 10%).


Veamos algunos números para ubicarnos en qué contexto estamos.


(1) En cuanto a la tasa de fecundidad de las mujeres o sea la cantidad promedio de hijos que tienen actualmente ronda el 1.37 (2010), por lo que ya estamos lejos del 2.08 que se requiere para mantener el número de la población actual y la cantidad de activos que aportan a la seguridad social y pagan sus tributos. En 1970, se registró 2.13 (en 1960, 2.00; en 1950, 3.65) y desde allí la baja es imparable hasta llegar al nivel de hoy. El aumento de los ingresos, la mayor presencia de la mujer en el mundo laboral, los cambios en el estilo de vida y las nuevas necesidades, han formado las familias nucleares con pocos hijos.

(2) Y sobre el aumento de las expectativas de vida, los hombres viven casi 80 años y las mujeres un poco más de 86, un promedio de 83 años (el segundo más alto del mundo). Dentro de 10 años, según algunos pronósticos, habría de aumentar unos 2 y 3 años más, respectivamente. Pensar que en los años ’50 era de 61.6 y 65.5, en los ’70 de 70.6 y 75.9 y en el 2000, se produce un salto importante a 78.3 y 85.3, para hombres y mujeres, respectivamente. La medicina preventiva, la reducción de la mortandad infantil, la mejora de la higiene pública, el seguro público de salud para autónomos y asalariados y sus familias, la buena alimentación, etc.; han permitido llegar a los niveles de salud más elevados del mundo.

(3) Y dentro del presupuesto oficial básico, que ya supera el 1.4 billón de dólares, casi el 30%, unos 400.000 millones de la misma moneda (2 veces el PBN del Perú), se asigna anualmente para los gastos generales de la seguridad social (salud, pensión, bienestar social). Sin embargo, si a esto le sumamos los pagos de la pensión a través de las partidas de pensiones (es un fondo público basado en el aporte que pagan los activos), la cifra anual supera el billón de dólares (22.3% del PBN, 2011) y las predicciones indican que de esta manera se hace necesario incrementar los recursos porque los activos nacidos en la posguerra se van jubilando justamente a partir de ahora. Los pagos de las pensiones a los jubilados de hoy: el 60% son por aportes de los activos y las empresas en calidad de empleadores (a los asalariados les descuentan de su salario el 16.766% en concepto de aporte jubilatorio (la mitad lo asume el empleador y la otra mitad el trabajador), el 9.98% por seguro de salud (igual proporción que el anterior, aunque los mayores de 40 años debe pagar un plus por "kaigo hoken”, seguro de atención a los discapacitados y personas de edad que necesitan cuidados, por lo que el porcentaje se eleva al 11.53%) ); el 30% por aporte del tesoro nacional y de las prefecturas (viene del presupuesto general ordinario) y un 10% de los ingresos por bonos y demás productos financieros (algo que cada vez se hace más difícil). En estos momentos, casi 42 millones de personas están recibiendo alguna paga de la seguridad social (pensión y ayudas públicas) y si no aumenta la población activa y por ende no aumenta la tasa de natalidad es lógico que es imposible que a mediano plazo los trabajadores activos de ahora puedan recibir el mismo nivel de remuneración que reciben los jubilados actualmente.


Dentro de este contexto, el partido gobernante hizo aprobar en el Parlamento el IVA, que ahora es el 5%, el 8% desde abril de 2014 y el 10% a partir de abril de 2015, con el argumento de que es para paliar los fondos de las pensiones y los gastos médicos de los jubilados y personas de edad. Por cada 1% del IVA pueden llegar a recaudar unos 30.000 millones de dólares, por lo que con este 5% de incremento serían unos 150.000 millones. Sin embargo, el IVA no es solo para las pensiones y la salud, sino es un recurso fiscal para todas las funciones del Estado, salvo que se determine lo contrario.

Algunos expertos señalan que con el IVA solo pueden responder a parte del déficit fiscal y al pago (amortización) de la deuda pública que ya es una erogación del 23% del presupuesto público ordinario, sin olvidar que casi el 50% de este presupuesto se está financiando con deuda emitida por el gobierno por lo que son cargas a futuro.

En este tema, hay diversas apreciaciones técnicas e incluso ideológicas del rol del Estado por lo que hay posiciones y respuestas totalmente antagónicas. Lo que sí se puede decir que hay una situación deficitaria casi insostenible y que es hora de que los políticos expliquen ante sus ciudadanos la realidad y las limitaciones existentes, pues todas las previsiones hechas tanto por el Ministerio de Finanzas, el de Salud, Trabajo y Bienestar Social y demás organismos públicos, parten de premisas muy optimistas para mantener el nivel actual de los pagos y servicios médicos. 

Los expertos más realistas indican que para corregir la inequidad intergeneracional y la desigualdad de oportunidades que se está profundizando, el gobierno debe reducir los gastos superfluos y superpuestos de las diversas jurisdicciones públicas y el número de congresistas nacionales y prefecturales (igual, no es mucha la diferencia que pueden sacar pero es necesario para convencer a la sociedad del esfuerzo que realiza el Estado), aumentar las alícuotas y cobrar a los morosos corporativos como particulares, reducir paulatinamente el valor de las pensiones según los ingresos y bienes que poseen (implementar el número de control ciudadano para cruzar debidamente la información respectiva para garantizar la equidad), reducir drásticamente los gastos médicos de los mayores de 65 años de edad (los que tienen bienes e ingresos tendrían que pagar un porcentaje mayor o casi la totalidad de lo que se le factura) y poner límites a las pagas y asignaciones, etc. Pero, por otro lado, proponen un cambio de modalidad en la recaudación de las pensiones, para que cada aporte vaya a una cuenta particular en calidad de ahorro (tsumitateshiki) y se elimine el sistema actual de recaudación solidaria y general (fukahoshiki) que si bien ofrece más seguridad para toda la sociedad, ha generado mucho despilfarro y esta desigualdad intergeneracional. El debate continúa y no será fácil encontrar un consenso para dar respuestas aceptables y viables a todos los beneficiarios y activos que ven con incertidumbre lo que les puede deparar a futuro.

Y lo más importante y que muchos, incluso la actual administración, no están prestando la suficiente atención, es que deben tomar las medidas necesarias para salir de esta larga deflación y reactiven la economía, pues para un país como Japón con un PBN de más de 5 billones de dólares (el doble del de Brasil y tercero en el mundo) su crecimiento, aunque fuere 1% más, implicaría importantes ingresos genuinos que aliviarían esta carga en seguridad social y tributario que cada vez se hace menos sostenible, no solo por las deudas acumuladas y la inequidad generacional sino también por las falencias estructurales (baja tasa de natalidad, menos activos y más pasivos, sociedad longeva) que en realidad van a requerir varios decenios para ser corregidos.

 

 

Por: Lic. Alberto Matsumoto

www.ideamatsu.com

 







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